La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Alicante acusaba al consistorio y al capataz de la brigada de obras por vulneración de derechos fundamentales
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sentencia contra el Ayuntamiento de Castalla y el Capataz de la brigada de obras, por vulneración de derechos fundamentales de dos trabajadores. Los hechos tuvieron lugar a finales de 2019, cuando dos trabajadores pertenecientes a la brigada de obras municipal presentaron las primeras quejas al Ayuntamiento por el trato vejatorio y de hostigamiento que estaban recibiendo.
A causa de la inacción de la administración local, que hizo caso omiso a las denuncias interpuestas para activar el protocolo de acoso laboral existente en el propio Ayuntamiento para estas situaciones, ambos trabajadores representados por el SEP-CV (Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana) denunciaron los hechos ante la Inspección de Trabajo. A partir de ese momento, se agravó el mal trato sufrido por los dos trabajadores y se produjo una situación continua de estrés laboral que terminó con baja médica.
Tras el empeoramiento de la situación, los trabajadores interpusieron una demanda ante el Juzgado de lo Social de Alicante, que fue estimada condenando al Ayuntamiento de Castalla por vulneración de derechos fundamentales. El juez, además, obligaba al Consistorio a indemnizar con 15.000 euros a cada trabajador. Asimismo, la sentencia recoge que el Ayuntamiento desestimó la ayuda psicológica que establecen los protocolos e incluso amortizó las plazas que ocupaban los dos trabajadores, situación que podría suponer su despido.
El Ayuntamiento de Castalla presentó un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quien ha desestimado los recursos y ha confirmado la primera sentencia condenatoria, imponiendo además las costas del recurso al Ayuntamiento.
Los dos trabajadores se han reincorporado a su puesto de trabajo tras más de 18 meses de baja médica, que ha sido reconocida como accidente de trabajo por el INNS (Instituto Nacional Seguridad Social).
Desde la sección sindical SEP-CV de Castalla se lamenta la actuación de los dirigentes del Ayuntamiento quienes, a pesar de la sentencia, no pusieron en marcha ningún tipo de protocolo. El SEP-CV, junto con las víctimas, solicitó medidas preventivas para evitar posibles represalias al reincorporarse a sus puestos de trabajo. Además, teniendo en cuenta que las plazas que ocupaban los dos trabajadores se amortizaron en 2021, a día de hoy el Ayuntamiento todavía no les ha informado sobre la situación de las plazas que ocupan. A pesar de haber recibido peticiones de los afectados y requerimientos del SEP-CV y del Síndic de Greuges, quien también está investigando esta situación administrativa, el Ayuntamiento de Castalla no se ha pronunciado. Ante la reciente sentencia del TSJCV que confirma la condena, el consistorio ha anunciado que va a interponer un recurso ante el Tribunal Supremo.