El Juzgado de lo Social nº 3 de Alicante ha condenado al Ayuntamiento de Alicante a indemnizar al SEP-CV con la cantidad de 2.000€, al considerar que ha vulnerado su libertad sindical. El juzgado ha declarado la “nulidad radical” de la decisión del Ayuntamiento de Alicante de privar a la sección sindical del SEP-CV en el Consistorio alicantino, del uso de su correo electrónico corporativo durante un mes por no cumplir con alguna de las nuevas normas internas de uso. El perjuicio causado a la actividad sindical de la sección sindical es gravísimo durante todo este tiempo, impidiéndole recibir y enviar comunicaciones sindicales vitales para su labor, imposibilitando su acción sindical para el conjunto de trabajadoras y trabajadores de la Corporación Municipal.
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Nota de prensa del SEP-CV: La plantilla del servicio de recogida de residuos sólidos urbano de Dènia denuncia que la falta de personal impide utilizar la nueva maquinaria.
El comité de empresa del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos en Dènia, órgano representativo en el que el SEP-CV ostenta la mayoría, ha advertido hoy de la imposibilidad de desplegar todo el contingente de medios del nuevo contrato de basuras con la actual plantilla. Esa falta de trabajadores hace que los actuales “tienen que hacer más horas de las permitidas en el convenio”.
“Los nuevos camiones no son aptos para el buen funcionamiento del servicio, y los viejos, con más de 20 años, ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores y trabajadoras por el mal estado en que se encuentran”.
“Existe maquinaria que se compró hace dos años sin utilizar por falta de personal, como son barredoras manuales, motos y triciclos para la recogida de cacas de los canes, etc.. lo que conlleva un gasto sin utilización”, señala su comunicado.
Las universidades públicas valencianas generan casi 50.000 trabajos y elevan el salario medio de un 11%
El Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) ha asistido a la presentación de un informe sobre la contribución socio económica de las universidades públicas valencianas. en Las universidades públicas valencianas y su actividad asociada generan 2.715 millones de renta en la Comunitat Valenciana y 49.726 puestos de trabajo, lo que supone el 2,2% del PIB y el 2,4% del empleo valencianos.
Así, se desprende del quinto informe ‘Las contribuciones socioeconómicas de las universidades públicas valencianas’, elaborado por el equipo investigador del Ivie, por encargo de las cinco universidades públicas valencianas presenetado hoy por su director José Manuel Pastor, en un acto al que ha asistido el conseller Educación, José Antonio Rovira.
Así, ha destacado que el estudio revela que el sistema universitario público valenciano (SUPV) devuelve a la sociedad, a través de la recaudación fiscal adicional generada por sus titulados, 3,1 euros por cada euro que las administraciones públicas destinan a su funcionamiento.
De este modo, frente a los 933 millones anuales en transferencias corrientes públicas que recibe el SUPV, sus titulados aportan 2.901 millones más en impuestos de los que hubieran generado si no tuvieran esos estudios universitarios, dado que tienen “más empleo y obtienen mayores ingresos”.
Las cinco universidades que forman el SUVP -Universidad de Alicante, Universitat Jaume I de Castelló, Universidad Miguel Hernández, Universitat Politècnica de València y Universitat de València- concentraron el 78,2% de los estudiantes de grado, el 44,9% de los de máster, el 93,5% de la producción científica y el 100% de las patentes nacionales obtenidas por el total de universidades ubicadas en la región durante el curso 2022-2023.
En conjunto, las universidades públicas forman al 70,4% de estudiantes de grado y máster de la región. Sin embargo, han perdido peso en el agregado frente a las universidades privadas. De hecho, la matrícula de grado en el SUPV se ha contraído un 22,2% desde el curso 2010-2011, mientras que el sistema privado ha incrementado un 113,5%.
En el caso de los másteres, se ha producido un importante aumento de la demanda en ambos casos: en las públicas ha aumentado un 48,6% un crecimiento “sustancial”, pero “inferior al de las privadas, que han pasado de formar al 13,5% del alumnado de este tipo de estudio al 55,1%”.
Para atender a sus estudiantes y desarrollar su labor investigadora, las universidades públicas valencianas cuentan con 12 campus con 60 centros, entre propios y adscritos, y un presupuesto de 1.515 millones de euros, en el curso 2022-2023. Esa cifra supone solo un incremento del 1,8% respecto del presupuesto del curso 2010-2011.
El 62% de los ingresos procede de transferencias corrientes de la Administración Pública, para asumir el funcionamiento de las instituciones, otro 22% son transferencias de capital, para afrontar las nuevas inversiones; y el 16% restante se obtiene de otros ingresos, entre los que se incluyen las matrículas que abonan los estudiantes. En conjunto, las cinco instituciones ofrecen 234 titulaciones de grado, 339 másteres oficiales y 139 programas de doctorado.
Asimismo, se ha registrado un cambio en la especialización formativa, ya que mientras el porcentaje de matrícula en grados de ingeniería y arquitectura se ha recortado un -6,6% (-5,8% a nivel nacional), los estudiantes que se han decantado por Ciencias de la Salud han aumentado un 6,4% (7,4% en España). Asimismo, el informe vuelve a alertar, como ya hizo en 2019, de la pérdida de estudiantes en las áreas STEM pese a la fuerte demanda del mercado de trabajo de estos titulados.
Elección de universidad
Pastor ha explicado que los factores que determinan la elección de una universidad han cambiado en estos años. De este modo, el criterio de proximidad ha perdido relevancia y la proliferación de las universidades privadas ha impulsado la competencia. Las instituciones del SUPV han orientado su estrategia hacia la atracción de estudiantes con altos expedientes académicos y a fomentar la exclusividad de las titulaciones. En el curso 2022-2023 una cuarta parte de los títulos ofrecidos por el SUPV son exclusivos sobre todo en las áreas de ingeniería y arquitectura (32%), seguidas de humanidades (30,8%).
Además, destaca el aumento registrado en el número de estudiantes procedentes de fuera de la Comunitat al pasar del 10,1% en el curso 2010-2011 al 17,9% en 2022-2013. También los estudiantes de máster procedentes de fuera de la región han aumentado, desde el 25,5% que representaban hace una década hasta el 36,2% del curso 2022-2023.
Los programas de movilidad han influido “muy positivamente” en la atracción de estudiantes no residentes en la Comunitat: 6.000 estudiantes de grado y 560 de máster de otras regiones o del extranjero en el curso 2022-2023. El gasto que realizan en la región tiene un importante impacto económico, ya que suponen 21,2 millones en renta para la Comunitat y la creación de 610 empleos.
Otras contribuciones del SUVP
Por otro lado, concluye que juegan un papel “crucial” en la generación de capital humano cualificado y en la producción de conocimiento, superando en responsabilidad a sus homólogas a nivel nacional. De la inversión total en I+D de la Comunitat, el 42,7% la realiza el sector de la enseñanza superior, un porcentaje muy superior al promedio nacional (26%) y al de regiones de referencia como País Vasco (16,8%), Madrid (18,7%) y Cataluña (19,8%). El volumen de publicaciones científicas ha crecido más que la media nacional, duplicándose el número de artículos científicos desde los 4.945 de 2010 a los 10.080 en 2021.
Prácticamente toda la actividad investigadora de la Comunitat la realizan las universidades públicas, ya que generaron el 95,8% de las publicaciones científicas entre 2010 y 2021 y el 100% de las 39 patentes nacionales surgidas de la investigación universitaria en 2021 procede de alguna institución del SUPV.
La evolución de la actividad patentadora del SUPV es “más positiva” que en el conjunto de España. Como consecuencia de ello la participación del SUPV en el sistema universitario público español (SUPE) ha pasado de representar un 10% de las patentes nacionales a un 20%.
Las universidades y la calidad del empleo
Asimismo, los titulados universitarios disfrutan de un porcentaje mayor de contratos indefinidos en el sector privado y menor de empleo parcial no deseado que los trabajadores con educación secundaria posobligatoria (+4,2 y -2,8 puntos porcentuales, respectivamente).
Además, son menos frecuentes las jornadas largas entre los titulados y perciben salarios más elevados y buscan menos activamente otro empleo, participan más en formación continua y acceden en mayor proporción a empleos altamente cualificados y al teletrabajo. Sin embargo, afrontan más horas extras no remuneradas, cambios imprevistos de horarios, presión laboral y contactos fuera del horario laboral, que los trabajadores con educación secundaria posobligatoria”.
Además, el porcentaje de empleados con jornadas parciales no deseadas se reduce en 0,8 puntos porcentuales, el peso del teletrabajo aumenta 4,8 puntos, el de trabajadores en ocupaciones altamente cualificadas crece 15,9 puntos y el de ocupados que participan en formación continua se eleva en 3,5 puntos.
También el salario medio es un 11% más elevado por la contribución de los trabajadores titulados en el SUPV y sin el SUPV, la tasa de desempleo en la Comunitat sería 2 puntos porcentuales más elevada Del mismo modo, ha destacado que “un buen sistema universitario proporciona trabajadores altamente cualificados, lo que fomenta un tejido empresarial productivo, innovador y basado en el capital humano”, lo que, a su vez, “genera empleo de calidad y estimula la inversión en educación superior, impulsando la resiliencia económica, especialmente, en tiempos de crisis”.
Noticia de Alicante Plaza, publicada en:
El SEP-CV reelige a Juan Évora como Secretario General Autonómico en su V Congreso Ordinario
El funcionario del Ayuntamiento de Alicante vuelve a ocupar el cargo durante los próximos cuatro años
El Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) ha celebrado en Alicante su V Congreso Ordinario para elegir al Secretario General autonómico. El candidato Juan Évora Ripoll, actual Secretario General del SEP-CV, ha vuelto a resultar elegido por unanimidad. El evento ha tenido lugar en el edificio San Fernando, Sede Universitaria de la Universidad de Alicante.
El SEP-CV cuenta con representatividad en alrededor de 50 ayuntamientos de la provincia de Alicante, además de en algunas contratas que prestan servicio a organismos públicos. Además, el Sindicato dispone de secciones sindicales en la Universidad de Alicante y en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Durante el Congreso se han modificado y aprobado los estatutos del SEP-CV, que organizan su funcionamiento interno y se ha escogido a la Ejecutiva Autonómica. Al acto ha asistido el Presidente de la Cooordinadora Interterritorial de Empleados Públicos (CIEP), Domiciano Jiménez, así como representantes de otros sindicatos nacionales como el SIME de Murcia, el SEPCA de Canarias, el CSITE de Madrid y el STAR de La Rioja.
Asimismo, a la clausura del V Congreso Ordinario han acudido los representantes políticos del Ayuntamiento de Alicante Ana Barceló y Miguel Castelló, del PSOE; Manolo Copé, de Esquerra Unida Podem y Rafa Más de Compromís.
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
Un año más, el Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) se une a todas las manifestaciones y demás actos que se celebran en el mundo entero con motivo del 8M: Día Internacional de la Mujer.
La primera acción que se debe realizar es aumentar la confianza y la autoestima de cada una de nosotras, para no bajar la guardia en la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Aunque falta mucho por hacer, es muy importante no solo la primera acción que hemos descrito, sino exigir a los gobiernos una educación de calidad en igualdad de condiciones para los niños y las niñas, sin importar su género, ni su condición social. Es la única manera que tiene la sociedad de romper el techo de cristal.
La discriminación de género perjudica a todas las personas, hombres, mujeres, niños y niñas. Por este motivo, el Día Internacional de la Mujer es un llamamiento a la acción para reforzar la protección contra la explotación y los abusos sexuales. Un llamamiento a impulsar la plena participación y el liderazgo de la mujer en todos los campos del mundo laboral.
Para conseguir estos avances debemos reflexionar y recordar todo lo logrado por mujeres a lo largo de la historia en igualdad de derechos, oportunidades y libertades a la hora de elegir cómo vivir. Por respeto a su memoria debemos seguir luchando por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.
Secretaría de Igualdad SEP-CV
HIPOTECAS| Acuerdo de colaboración con gibobs allbanks
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CURSO|Dispositivos operativos en las vías públicas
La semana pasada tuvo lugar el curso orientado a policía local con el objetivo de ampliar formación en materia de operativos que tengan lugar en vías públicas.
Plataforma EBEP 36.3: reunión en el Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario PP
Por parte de la Plataforma EBEP 36.3 se ha mantenido una reunión en el Congreso de los Diputados con Eduardo Ruíz, portavoz de la Comisión de Función Pública del Grupo Parlamentario VOX, para trasladarle la problemática que conlleva la interpretación restrictiva del artículo 36.3 del EBEP, que coharta gravemente la representación sindical en las administraciones autonómicas y locales.
Agradecer el apoyo que se nos ha ofrecido por el Grupo Parlamentario VOX y su representante en esta justa reivindicación y para la aprobación de las enmiendas presentadas al respecto en el Congreso de los Diputados.
Por un trabajo seguro, es tu salud y tu derecho
Cuánta energía vertida en el vacío. Cuántos sueños depositados en las cunetas del olvido; y cuántas mañanas sobrecogidos por la incertidumbre de quien no conoce su destino.
El acoso laboral constituye una modalidad de violencia que no solo atenta contra la libertad, sino que también lesiona el derecho fundamental contenido en el artículo 15 de la Constitución Española, la “integridad física y moral”.
El acoso laboral constituye un atentado contra la “dignidad y desarrollo de la personalidad” que, juntamente con los derechos inviolables y el respeto a la ley y a los derechos de los demás, “son fundamento del orden político y de la paz social”.
Son experiencias traumáticas que repercuten negativamente en el adecuado desarrollo de la personalidad y en el estado físico y psicológico de los que lo padecen.
El
acoso laboral, es una situación que
suele darse por el tiempo que se permanece
en el Centro de Trabajo y por la continuidad en el trato, que pueden provocar expresiones y otros
comportamientos, que aunque no tengan el ánimo de vejar, incomodar
o abusar, atentan
contra la dignidad
de la persona afectada, y pueden tomarse en un sentido denigrante que violente o incomode.
Algo sabido por todos y que avalan muchos estudios, es la escasa implantación de los Protocolos de Acoso en muchas empresas, a pesar de ser obligatorios desde el año 2007 con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Ni que decir de la escasa formación en materia de acoso dirigido tanto a la plantilla de personal como a la representación sindical y política.
Se requieren unos canales de denuncia eficaces e imparciales, que protejan al trabajador y que garanticen la continuidad en su puesto de trabajo, algo que en muchas ocasiones y por miedo a perder el empleo, no se ejerce el derecho fundamental para proteger la salud y dignidad de las personas.
Se deben crear las estructuras normativas suficientes para adecentar esa anomalía social según la cual el 86% de las personas con un problema de salud mental grave, no disfruta de un proyecto de vida independiente, en recompensa de su trabajo.
Sin una ocupación remunerada que procure la autonomía, la mente viaja detrás de una respuesta que nunca llega, y la confusión detiene el proceso de recuperación hasta hacerlo inmóvil.
Por el contrario, con un objetivo claro, con una rutina y educados en la cultura del compromiso, la mente evoluciona hacia una realidad más saludable, mejorar la autoestima de nuestro colectivo también nos hará avanzar como sociedad.
Por todo ello, alzamos la voz en demanda de un rol social que nos faculte para el bienestar psíquico, entendiendo que la justicia social es un estado en el que las personas se benefician del mercado de trabajo en igualdad de oportunidades y libres de una discriminación inmerecida.
Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto. En virtud de ese derecho, el acoso laboral, supone un atentado a la dignidad de las personas trabajadoras, por lo que rechazan y prohíben cualquier práctica de este tipo en el trabajo, y hacen expreso pronunciamiento de no tolerar estas acciones, así como de facilitar los medios precisos para impedir su manifestación en el ámbito laboral.
Todo empleado público, incluyendo a sus representantes, deben procurar un entorno laboral libre de acoso. En concreto, sus órganos y personal directivo deben proveer todos los medios a su alcance para prevenir, evitar y, en su caso, detectar y eliminar cualquier situación de acoso, así como sancionar cualquier conducta que lleve a tales situaciones, garantizando en todo caso, que la asistencia y protección de las víctimas se realiza siguiendo los principios de sigilo, respeto, profesionalidad, objetividad e imparcialidad y celeridad.
Con la colaboración de todos y todas, evitaremos que nuestros actos pongan en peligro la convivencia y el respeto que nos debemos.
POR UN TRABAJO SEGURO, ES TU SALUD, ES TU DERECHO.
EL TSJCV confirma la condena al Ayuntamiento de Castalla por acoso laboral
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Alicante acusaba al consistorio y al capataz de la brigada de obras por vulneración de derechos fundamentales
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sentencia contra el Ayuntamiento de Castalla y el Capataz de la brigada de obras, por vulneración de derechos fundamentales de dos trabajadores. Los hechos tuvieron lugar a finales de 2019, cuando dos trabajadores pertenecientes a la brigada de obras municipal presentaron las primeras quejas al Ayuntamiento por el trato vejatorio y de hostigamiento que estaban recibiendo.
A causa de la inacción de la administración local, que hizo caso omiso a las denuncias interpuestas para activar el protocolo de acoso laboral existente en el propio Ayuntamiento para estas situaciones, ambos trabajadores representados por el SEP-CV (Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana) denunciaron los hechos ante la Inspección de Trabajo. A partir de ese momento, se agravó el mal trato sufrido por los dos trabajadores y se produjo una situación continua de estrés laboral que terminó con baja médica.
Tras el empeoramiento de la situación, los trabajadores interpusieron una demanda ante el Juzgado de lo Social de Alicante, que fue estimada condenando al Ayuntamiento de Castalla por vulneración de derechos fundamentales. El juez, además, obligaba al Consistorio a indemnizar con 15.000 euros a cada trabajador. Asimismo, la sentencia recoge que el Ayuntamiento desestimó la ayuda psicológica que establecen los protocolos e incluso amortizó las plazas que ocupaban los dos trabajadores, situación que podría suponer su despido.
El Ayuntamiento de Castalla presentó un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quien ha desestimado los recursos y ha confirmado la primera sentencia condenatoria, imponiendo además las costas del recurso al Ayuntamiento.
Los dos trabajadores se han reincorporado a su puesto de trabajo tras más de 18 meses de baja médica, que ha sido reconocida como accidente de trabajo por el INNS (Instituto Nacional Seguridad Social).
Desde la sección sindical SEP-CV de Castalla se lamenta la actuación de los dirigentes del Ayuntamiento quienes, a pesar de la sentencia, no pusieron en marcha ningún tipo de protocolo. El SEP-CV, junto con las víctimas, solicitó medidas preventivas para evitar posibles represalias al reincorporarse a sus puestos de trabajo. Además, teniendo en cuenta que las plazas que ocupaban los dos trabajadores se amortizaron en 2021, a día de hoy el Ayuntamiento todavía no les ha informado sobre la situación de las plazas que ocupan. A pesar de haber recibido peticiones de los afectados y requerimientos del SEP-CV y del Síndic de Greuges, quien también está investigando esta situación administrativa, el Ayuntamiento de Castalla no se ha pronunciado. Ante la reciente sentencia del TSJCV que confirma la condena, el consistorio ha anunciado que va a interponer un recurso ante el Tribunal Supremo.