Cuánta energía vertida en el vacío. Cuántos sueños depositados en las cunetas del olvido; y cuántas mañanas sobrecogidos por la incertidumbre de quien no conoce su destino.
El acoso laboral constituye una modalidad de violencia que no solo atenta contra la libertad, sino que también lesiona el derecho fundamental contenido en el artículo 15 de la Constitución Española, la “integridad física y moral”.
El acoso laboral constituye un atentado contra la “dignidad y desarrollo de la personalidad” que, juntamente con los derechos inviolables y el respeto a la ley y a los derechos de los demás, “son fundamento del orden político y de la paz social”.
Son experiencias traumáticas que repercuten negativamente en el adecuado desarrollo de la personalidad y en el estado físico y psicológico de los que lo padecen.
El
acoso laboral, es una situación que
suele darse por el tiempo que se permanece
en el Centro de Trabajo y por la continuidad en el trato, que pueden provocar expresiones y otros
comportamientos, que aunque no tengan el ánimo de vejar, incomodar
o abusar, atentan
contra la dignidad
de la persona afectada, y pueden tomarse en un sentido denigrante que violente o incomode.
Algo sabido por todos y que avalan muchos estudios, es la escasa implantación de los Protocolos de Acoso en muchas empresas, a pesar de ser obligatorios desde el año 2007 con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Ni que decir de la escasa formación en materia de acoso dirigido tanto a la plantilla de personal como a la representación sindical y política.
Se requieren unos canales de denuncia eficaces e imparciales, que protejan al trabajador y que garanticen la continuidad en su puesto de trabajo, algo que en muchas ocasiones y por miedo a perder el empleo, no se ejerce el derecho fundamental para proteger la salud y dignidad de las personas.
Se deben crear las estructuras normativas suficientes para adecentar esa anomalía social según la cual el 86% de las personas con un problema de salud mental grave, no disfruta de un proyecto de vida independiente, en recompensa de su trabajo.
Sin una ocupación remunerada que procure la autonomía, la mente viaja detrás de una respuesta que nunca llega, y la confusión detiene el proceso de recuperación hasta hacerlo inmóvil.
Por el contrario, con un objetivo claro, con una rutina y educados en la cultura del compromiso, la mente evoluciona hacia una realidad más saludable, mejorar la autoestima de nuestro colectivo también nos hará avanzar como sociedad.
Por todo ello, alzamos la voz en demanda de un rol social que nos faculte para el bienestar psíquico, entendiendo que la justicia social es un estado en el que las personas se benefician del mercado de trabajo en igualdad de oportunidades y libres de una discriminación inmerecida.
Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto. En virtud de ese derecho, el acoso laboral, supone un atentado a la dignidad de las personas trabajadoras, por lo que rechazan y prohíben cualquier práctica de este tipo en el trabajo, y hacen expreso pronunciamiento de no tolerar estas acciones, así como de facilitar los medios precisos para impedir su manifestación en el ámbito laboral.
Todo empleado público, incluyendo a sus representantes, deben procurar un entorno laboral libre de acoso. En concreto, sus órganos y personal directivo deben proveer todos los medios a su alcance para prevenir, evitar y, en su caso, detectar y eliminar cualquier situación de acoso, así como sancionar cualquier conducta que lleve a tales situaciones, garantizando en todo caso, que la asistencia y protección de las víctimas se realiza siguiendo los principios de sigilo, respeto, profesionalidad, objetividad e imparcialidad y celeridad.
Con la colaboración de todos y todas, evitaremos que nuestros actos pongan en peligro la convivencia y el respeto que nos debemos.
POR UN TRABAJO SEGURO, ES TU SALUD, ES TU DERECHO.