La Inspección de Trabajo obliga al Ayuntamiento de Dénia a realizar una auditoria retributiva para corregir la brecha de género

El Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) ha recibido respuesta por parte de la Inspección de Trabajo a la denuncia presentada en junio de 2020 ante la negativa municipal a facilitar la información retributiva de la plantilla desagregada por sexo.

Después de detallar toda la acción inspectora realizada estos meses, como conclusiones finales, la inspección considera preceptivo que la administración atienda a la obligación legal de “llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor.”Asimismo, la autoridad en materia laboral afirma que conforme a la legislación vigente “las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa, al registro salarial de su empresa.”

En este sentido, el Ayuntamiento facilitó este mismo mes al sindicato una información que ya evidenciaba una importante desigualdad retributiva, más flagrante ente entre los técnicos. Sin embargo, el SEP considera esta información incompleta, ya que no está detallada en los términos que exige la Inspección de Trabajo.

La resolución de la Inspección va más allá de lo que solicitaba el SEP y obliga a la empresa a realizar una auditoría retributiva “para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución”.

La inspección afirma, además, que “esta auditoría deberá permitir definir las necesidades para evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes o que pudieran producirse en aras a garantizar la igualdad retributiva, y asegurar la transparencia y el seguimiento de dicho sistema retributivo.”

El SEP-CV presentó la denuncia tras una Mesa de Negociación en la que el alcalde instó a la representación sindical a que denunciara si no estaba de acuerdo con que se le denegara la información retributiva. El Sindicato entiende que hubiera sido más razonable y menos costoso facilitar la información en aquel momento a las personas trabajadoras del Ayuntamiento, conforme establece la Ley.

El SEP espera que esta resolución sirva para que se abandone el negacionismo del equipo de gobierno sobre la desigualdad y que se permita participar a todos los sindicatos municipales en el seguimiento de esta auditoría. Se trata de un proceso cuya finalidad no es otra que alcanzar mayores niveles de igualdad, principio básico que debería ser compartido por todos.

El SEP-CV gana una sentencia que condena al Ayuntamiento de Castalla a pagar 30.000 euros a dos trabajadores por acoso laboral

El Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) ha ganado una sentencia que condena al Ayuntamiento de Castalla a pagar 30.000 euros a dos trabajadores, por acoso laboral. El Juzgado de lo Social número 2 de Alicante ha estimado la demanda de vulneración de derechos fundamentales interpuesta por los demandantes contra el Ayuntamiento de Castalla y el capataz.

El fallo de la sentencia declara la vulneración del derecho fundamental a la dignidad y a la salud de los afiliados al SEP-CV y condena a los demandados a indemnizar solidariamente a cada uno de los trabajadores con la cantidad de 15.000 euros.

La Plataforma por la Democracia Sindical se reúne con el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados

La Plataforma por la Democracia Sindical (EBEP 36.3) se ha reunido en el Congreso de los Diputados con el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Función Pública, José Luis Aceves Galindo, para trasladarle la grave situación en la que se encuentra la representación sindical de los empleados públicos en todas las administraciones estatales.

En las distintas administraciones públicas se restringe, desde 2018, la presencia de organizaciones sindicales con representatividad alta en el ámbito público. Se trata de una aplicación errónea y distorsionada del Artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que impone la representación sindical por imperativo legal de los sindicatos definidos como mayoritarios (CCOO y UGT), al margen del voto de los propios empleados públicos en las urnas.

Desde la Plataforma EBEP 36.3, constituida en 2019 por más de un centenar de organizaciones sindicales de todo el país, se ha hecho entrega a Aveces Galindo del estudio/dictamen jurídico, elaborado por la Universidad de Valencia, en el que se evidencia que se socava el principio de libertad sindical en las administraciones públicas y por el que se aporta una propuesta de solución legislativa al conflicto.

En concreto, se trata de la modificación del artículo 36.3 del EBEP, para que en la constitución de las Mesas Generales de Negociación de las distintas Administraciones Públicas se tengan en cuenta los resultados obtenidos en el conjunto de las elecciones a los órganos de representación de los empleados públicos, tal y como establece la propia Ley Orgánica de Libertad Sindical.

José Luis Aceves Galindo se ha mostrado sensible a la información trasladada , partiendo de la responsabilidad como legisladores de remover los obstáculos necesarios. El objetivo del encuentro es garantizar la democracia sindical y, por supuesto, el respeto a la libre elección de los representantes sindicales en los centros de trabajo, amparados por la Ley de Libertad Sindical. Por este motivo, el portavoz se ha comprometido a trasladar la reclamación ante el Ministerio de Función Pública y a informar a la plataforma.

Desde la Plataforma EBEP 36.3, abogamos por la modificación legal del EBEP, para evitar su interpretación desvirtuada y restrictiva y se lo trasladamos a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. En este sentido, desde las Organizaciones sindicales que componemos la Plataforma agradecemos al Grupo Socialista su interés e implicación en la defensa de la democracia y libertad sindical de este país y el derecho de los empleados públicos a su representación en las Mesas de Negociación Colectivas.

El SEP-CV denuncia que Dénia dobla sus índices de absentismo en cinco años

. Las bajas laborales anuales pasan de 120, en 2016, a 213, en 2020

. El sindicato reclama un diagnóstico de salud laboral y un plan para mejorar la salud de los trabajadores

El Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) afirma que los indicadores de absentismo del Ayuntamiento de Dénia no han dejado de empeorar desde 2016. Según en portal de transparencia de la institución, desde esa fecha, cada año ha sido peor que el anterior hasta doblar prácticamente las cifras de hace cinco años. Este aumento no puede atribuirse únicamente a la incidencia de la pandemia porque, en 2019, antes de iniciarse la crisis sanitaria, ya se produjo un incremento del 25% respecto a 2018.

En el gráfico adjunto puede apreciarse cómo aumentan de manera progresiva, sobre todo, las bajas por contingencias comunes (ILT) pero, también, las originadas en accidentes de trabajo (AT).

Las cifras se traducen en 11.323 jornadas laborales perdidas en 2020, frente a las 5.844 de 2016, y representan que más de un 40% de la plantilla tuvo algún episodio ILT en 2020. La situación conlleva un aumento del gasto directo por esta causa superior a los 500.000 euros anuales, aunque con los costes indirectos el impacto económico podría superar el millón de euros anuales. Al margen del coste monetario, estos indicadores dejan traslucir un claro deterioro de la salud de los trabajadores y trabajadoras municipales, que debería ser protegida. La tasa de absentismo municipal supera el 10%, cuando la media de la administración pública según datos del INE es del 7%, y la media en el conjunto de empleo privado y público es del 5%. Hace unos años Dénia llegó a recibir subvenciones públicas por su bajo nivel de absentismo laboral dentro de su sector, mientras que ahora lidera los rankings de salud laboral, pero en sentido negativo.

El SEP entiende que este aumento demuestra que ni el Comité de Seguridad y Salud, en el que el SEP no está representado, ni el Plan de Prevención de Riesgos Laborales están funcionando como deberían, al menos en los últimos 6 años. En este sentido, el Sindicato cree que es imprescindible efectuar un diagnóstico para conocer las múltiples causas de esta tendencia negativa de la    salud de los trabajadores y trabajadoras y tomar medidas sobre los factores de riesgo para prevenirlos. Es necesario saber, por ejemplo, en qué medida factores como el clima laboral puede influir en estos resultados. También es imprescindible actuar siempre de   una manera integral, tanto sobre la salud física como sobre la salud mental de trabajadores y trabajadoras, y de manera muy especial en el actual contexto de pandemia, con el incremento de riesgos biopsicosociales asociados, que golpean sobre todo a los trabajadores esenciales del sector público.

El SEP-CV propone implantar la jornada laboral de cuatro días en el Ayuntamiento de Denia

La sección sindical del Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) en el Ayuntamiento de Denia ha propuesto crear una comisión, donde estén representados todos los sindicatos municipales, para el estudio de la implantación de la semana laboral de cuatro días en el Ayuntamiento de Denia.

Implantar la semana laboral de cuatro días supondría una apuesta por favorecer la conciliación familiar del funcionariado municipal, así como una reducción de los desplazamientos con la consiguiente reducción de emisiones de CO2.

Todas las empresas que han implantado de manera experimental la semana de cuatro días han reportado un aumento de la productividad, así como un aumento del bienestar de las personas trabajadoras y de su salud laboral.

Además, en una economía como la de Denia, en la que el ocio juega un papel esencial, supone impulsar este sector económico. De este modo, el Ayuntamiento de Denia se convertiría en un referente y un ejemplo para que otras administraciones o empresas privadas apostaran por su implantación.

En una primera fase, se aplicaría una jornada laboral de 8 horas y 45 minutos, durante 4 días, para mantener la jornada actual de 35 horas semanales, pero la organización estaría preparada para la aplicación en un futuro de las 32 horas semanales cuando se aprobaran a nivel estatal.

Para mantener los mismos horarios de servicios a la ciudadanía, y que no supusiera una disminución de la oferta, los equipos de atención al público se dividirían en dos grupos de lunes a jueves, y de martes a viernes respectivamente. El SEP-CV también ha solicitado la reserva de una partida presupuestaria en el ejercicio de 2022 para hacer viable esta reestructuración.